ÚLTIMO AÑO DE CALDERÓN; TIEMPO DE RECOGER VARAS. Salvador Flores LLamas

A c e n t o

Ultimo año de Calderón

SALVADOR  FLORES  LLAMAS

Hoy estamos a un año de que termine el gobierno del presidente Calderón y a 7 meses del la elección  presidencial.

El 1 de julio estarán en juego 2,102 cargos: Presidente de la República, 6 gobernadores, 500 diputados federales, 128 senadores, 871 presidentes municipales, 16 jefes delegacionales y 580 diputados locales.

De los diputados federales 300 será de mayoría y 200 plurinominales; de los senadores, 96 de mayoría y 32 de lista nominal. Estarán, pues, 629 cargos federales en juego.

Además del jefe de gobierno del DF, serán electos gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Tabasco y Yucatán (los dos últimos por primer vez en esta fecha, pues de homologaron sus comicios a los federales) y los alcaldes y congresos de esos estados.

En la capital del país se elegirá también a 16 jefes delegacionales y a los 66 diputados a la Asamblea Legislativa, 40 de mayoría y 26 plurinominales.

Además elegirán alcaldes y congresos los estados de Campeche, Colima, México, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Chiapas.

Serán 347 diputados de mayoría y 233 de representación proporcional, incluidos los del DF, en los comicios más importantes y nutridos en el país.

El DF está en manos del PRD, que ya cerró filas con toda la izquierda ante el peligro de no contar en la elección presidencial y perder su mejor bastión, como le ocurrió en Michoacán.

Le queda Guerrero, gobernado por un recién converso perredista Ángel Haladio Aguirre, que acaba de dejar el PRI porque no lo hizo gobernador.

De las gubernaturas a renovarse, Guanajuato, Jalisco y Morelos están en manos del PAN, que tiene problemas para conservarlas.

En Guanajuato el gobernador Juan Manuel Oliva le juega las contras a José Ángel Córdova Villalobos, quien es el candidato natural a sucederlo por el papel destacado que realizó como secretario de Salud federal, pero él tiene su delfín, y se dividió el panismo guanajuatense.

En Jalisco el PAN quedó dividido y disminuido en los comicios pasados; el gobernador Emilio González Márquez, pese a algunas críticas, ha jugado bien su papel y descolló con los Juegos Panamericanos.

Quizá le ayude que al gallo principal del PRI, el alcalde tapatío Aristóteles Sandoval le atribuyen presuntos malos manejos en contratos millonarios de obras, que dio a la casa de cambio de su amigo Álvaro García de Quevedo, quien está preso en Estados Unidos por lavado de dinero.  

En Morelos el PRI recuperó mucho terreno en la administración de Marco Antonio Adame, y gobierna 28 de los 33 municipios. Empero el alcalde de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós, el prospecto más fuerte del PRI está acusado de haber disparado exponencialmente la deuda municipal, émulo de Humberto Moreira.

En Tabasco y Yucatán el PAN no tiene posibilidades, y con el PRI carece de ellas en el DF, pues la izquierda unida afianzó su dominio y se prevé triunfe su candidato: Alejandra Barrales, Carlos Navarrete, Miguel Ángel Mancera, que parecen los más probables.

El PAN tiene muchos tiradores, pero no hizo trabajo político para detener a las tribus tramposas de René Bejarano. El PRI anda a la greña y sin base sólida que catapulte a Beatriz Paredes al Palacio del Ayuntamiento.

El cierre de filas de López Obrador con los Chuchos mediante el reparto de los cargos de elección, durará al menos hasta el 1 de julio, y reanimó mucho  Peje, cuyo nueva cara de amor y paz no convence más que a los suyos.

Es el panorama electoral al inicio del último año de gestión del presidente Calderón, a quien deben ayudarlo a mejorar su operación política ante los dinosaurios de ella, que abundan tanto en el PRI como PRD, por su origen común. De otra manera se lo comerán en sus 12 últimos meses y le harán la vida de cuadritos ya de ex presidente. 

Por desgracia le ocultan todas las voces que se escuchan en este sentido, en una falta de lealtad que lamentarán, tarde, los responsables mismos.

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A c e n t o

Tiempo de recoger varas

SALVADOR  FLORES  LLAMAS

La denuncia contra el presidente Calderón por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio ante la Corte Penal Internacional carece de base jurídica y viene de quienes no digieren aún su derrota electoral del 2006.

El sedicente abogado Netzai Sandoval Ballesteros presentó en La Haya una queja elaborado por supuestos intelectuales y firmada por 27,700 personas en que acusa al Presidente de la República, a los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública y a Joaquín el Chapo Guzmán, como si hubiera complicidad delictiva y los primeros no atacaran al capo más buscado en México y Latinoamérica.

Ahí no hay ignorancia jurídica, al equipararlos, sino mala fe y oportunismo electoral, porque tratan de sacar raja política en favor de un candidato bien identificado, quien al promover este ataque doloso contradice su nueva oferta de no guardar rencores ni venganzas, sino buscar amor y armonía entre los mexicanos.

¡Qué pronto se quitó la careta! 

En primer lugar el Presidente no ordena ningún asesinato. Los consuman los mafiosos en sus pugnas internas; las otras muertes resultan cuando las fuerzas federales  cumplen órdenes superiores para librar al país de los delitos de las mafias.

Son propósitos del todo diferentes. De un lado se busca evitar la violación de la ley y restablecer el orden; del otro defender la venta y el trasiego de enervantes y los delitos conexos, como lavado de dinero contrabando de armas de alto poder y pelear por las mejores rutas de tránsito y los puestos dentro de los cárteles.

Aquí no hay conflicto armado ni guerra declarada, sólo embate a quienes siembran muerte y atentan contra la paz y seguridad de ciudades, estados y el país.

Ni son crímenes de guerra ni taques sistemáticos y generalizados contra la población por parte de la autoridad, que busca librarla también de estafas,  levantones, secuestros y extorsión a los negocios.   

Es falso que se cometa genocidio porque no se pretende, en manera alguna, destruir a un grupo social, étnico o religioso, como lo establece el Estatuto de Roma (que en todo caso es complementario, no sustitutivo de las leyes  nacionales).

En suma, se combate al crimen organizado con las instituciones y leyes del país. 

Respeto de las 27,700 firmas ¿cómo pueden demostrar que son auténticas, si quienes las presumen son consumados maestros del engaño, el fraude electoral y la burla a la voluntad ciudadana?

¿Por qué los verdaderos instigadores no dan la cara y se escudan en el anonimato? ¿Temen que su desprestigio demerite su cobarde acción?

Por lo demás, según ellos no hay gobernadores también culpables. ¿Por qué no acusaron a Leonel Godoy, por ejemplo? ¿Sólo por ser del PRD?

En cuanto al gobierno federal, esto señala, una vez más, su fallido método para informar de sus programas esfuerzos y logros.

¿Cuántos mexicanos, sin la cobardía y doblez de los abajo firmantes de la denuncia citada, culpan al Presidente y al gobierno federal de todos los muertos que ha arrojado el combate a los cáteles, por falta de información apropiada?

El caso amerita no sólo preparar la debida defensa jurídica por si la CPI da entrada a la demanda, y proceder legal y ejemplarmente, pero sin ánimo de vindicta, contra los autores de ésta por haber denostado a todo el país. 

Y también resolver la falla persistente de comunicación, clave para el mejor desenvolvimiento de la vida de México.

Todo ello para prevenir y tratar de disuadir más golpes arteros, que sin duda vendrán al final del sexenio, que es el tiempo de recoger las varas para el presidente Calderón.

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